Geoalcali: sin solución para la sal ni los residuos

Fuente: Diario AraInfo

La empresa que planea abrir una mina de potasa entre Nafarroa y Aragón continúa sin tener resuelto uno de los principales problemas de estas explotaciones, la altísima cantidad de residuos generados que llega a suponer las dos terceras partes de los materiales extraídos.

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Montaña de sal en el LLobregat, residuos de la explotación de Iberpotash.

En diciembre de 2014 la empresa Geoalcali, filial de la australiana Highfield Resources, presentaba Mina Muga, el primero de una serie de proyectos mineros, compartimentados, previstos a lo largo de 550 kilómetros cuadrados, abarcando un territorio que vendría desde la Sierra del Perdón navarra hasta la Chacetania aragonesa.

Sin ninguna experiencia previa, ni en la potasa, ni el mundo de los fertilizantes, principal mercado de esta sal, la empresa ha sido capaz de embaucar, a políticos y habitantes, de ambos lados de la Muga que separa Aragón de Nafarroa con las supuestas “bondades” económicas de su proyecto.

Sin embargo, lejos de las promesas de puestos de trabajo vertidas por Geoalcali la realidad de una mina de potasa es mucho más compleja, y la generación de residuos supone un problema que todavía no está resuelto.

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Montaña de residuos abandonada en los años 80 por Potasas de Navarra.

Cuando la empresa presentó su proyecto, la cantidad de mineral a extraer en Mina Muga era de 6.307.200 de toneladas, de las que 1.059.610 correspondería al concentrado de potasa, y aproximadamente 1.000.000 de toneladas de sal para deshielo. Una cuenta rápida nos indica que más de 4.000.000 millones de toneladas serían inertes, de los que habitualmente quedan almacenados en una gran montaña en este tipo de explotaciones.

El backfilling como no solución

Ante el problema evidente de la alta cantidad de residuos en este tipo de minería, Geoalcali, envuelta en esa estética seudoecologista que rodea a todas sus publicaciones, prometió hacer una mina “residuo cero”, algo que es materialmente imposible y económicamente inviable, asegurando que reintroducirá la mayor parte de estos inertes en las galerías de la mina, gracias al proceso del backfilling.

Preguntada la empresa al respecto del proceso del backfilling sus respuestas se quedan en vaguedades que no clarifican el tipo de productos necesarios, ni el coste de los mismos, quizá conocedores de que el proceso de reintroducción de los inertes encarecería unos precios de producción por tonelada que ya están “maquillados”, tal y como lo aseguran diversas fuentes que han mantenido contacto con Geoalcali.

Es una de estas fuentes, que mantuvo una relación contractual con Geoalcali, la que nos alerta de que el backfilling tiene al menos dos problemas: “un problema de coste y otro de funcionamiento”. Por un lado, no permite la reintroducción de todos los inertes, “entre un 70% y 75% no los puedes devolver a la mina”, un problema al que hay que sumar que los “cementos y aditivos compatibles con la sal son carísimos”.

Para tratar de aclarar este entuerto decidimos consultar a otro tipo de fuentes. El representante de uno de los grupos inversores, que finalmente ha terminado por retirar su apoyo al proyecto de Geoalcali en este mes de diciembre de 2016, nos aseguraba que “en los números de Geoalcali, el proceso de backfilling está y no está”, pues advierte que los 130 dólares australianos que barajaba la empresa como precio de coste de producción de cada tonelada de potasa ya tratada no son ciertos, y el precio real se acercaría a los 200, unas cifras que comenzarían a hacer temblar la rentabilidad de la mina.

Ricardo Pérez, miembro de Equipo Directivo y encargado de Estrategia Corporativa de Geoalcali, nos aseguró que la empresa estaba “gastando mucho dinero, esfuerzo y dedicación en la investigación del backfilling”, pero no respondió a ninguna de las preguntas concretas sobre los precios del cemento y aditivos necesarios, ni el coste por tonelada del proceso de rellenado. Ninguno de estos costes está contemplado en el proyecto presentado hace dos años.

A vueltas con la sal

De los supuestos 6 millones de toneladas que saldrán del subsuelo de Mina Muga, encontrábamos que un millón de toneladas se refería a sal para deshielo que debería venderse fuera del Estado español, pues, según palabras del propio Ricardo Pérez, “no podemos competir” con productoras de sal como las de Remolinos.

En este sentido, Highfield Resources presentaba a bombo y platillo, la firma de un memorándum de entendimiento con la multinacional Cargill, por el que se comprometía a comprar “sal de alta calidad”, procedente de Mina Muga, para usos industriales, eso sí, asegurando que la partes discutirán los pormenores de la operación cuando Mina Muga comience a funcionar, y es que Cargill, nunca ha sido de perder dinero.

Así pues, la firma de este acuerdo, obligaría a Geoalcali a exportar un producto como la sal para deshielo, a mercados tan lejanos como el norteamericano, lo que sin duda encarecerá el supuesto coste de producción, al que habrá que sumar el flete desde el Puerto de Pasaia o el de Bilbo, hasta donde decida Cargill.

En este sentido, uno de los ex-trabajadores de Geoalcali, aseguraba que este memorándum  con Cargill “no se va a materializar”, pues la sal resultante de los procesos en Mina Muga, “no tendrá las características físicas ni químicas” que satisfagan las necesidades de la multinacional norteamericana.

La misma persona aseguraba que el problema de la sal, como el de los inertes, continúa sin resolverse. “El que venga va a hacer una montaña, porque lo hacen todos. Los únicos que no los hacen son los alemanes, porque la tiran al Rhin”, advirtiendo que en las oficinas de Geoalcali “han estado barajando tirarla al mar, metiéndola con una tubería desde el puerto hasta el Cantábrico”, una operación que de realizarse sin haber sido nombrada en el proyecto sería ciertamente alarmante.

Preguntamos a la persona que hizo de intermediaria entre un grupo inversor y Geoalcali, quien nos aseguró que “la sal aquí no sirve para nada”, refiriéndose a su valor en el mercado del Estado español, lo que reforzaría en cierto modo la idea del memorándum con Cargill, si no fuera porque a renglón seguido nos asegura que “la otra cosa que se hace es coger la sal y tirarla al mar”, advirtiendo que es algo legal.

En Geoalcali sin embargo no lo ven viable y no es porque el camuflaje verde de sus colores les contagie un ápice de respeto medioambiental, sino que les preocupa la reacción social. “¿Cómo nos iban a recibir los arrantzales en el Puerto de Bilbao si montamos la sal en una barcaza y la arrojamos al mar a unas millas de las costa?”, se preguntaba Ricardo Pérez al respecto.

Una gran montaña de sal y muchos problemas sin resolver

La realidad de Geoalcali no parece tener mucho que ver con lo que vende de cara al exterior, sobre todo en Ayuntamientos y poblaciones afectadas de una u otra forma por la explotación minera.

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Instalaciones abandonadas por Potasas de Subiza.

La mina “residuo cero” está lejos de convertirse en una realidad, y son muchas las fuentes que aseguran que la montaña de sal que preveía la empresa en su proyecto, tiene visos de convertirse en una gran montaña debido en cierto modo a una táctica de venta del producto demasiado arriesgada, que deja poco o ningún margen económico para gastos que no sean estrictamente productivos.

De este modo, es más que probable que la empresa, de terminar abriendo Mina Muga, tenga que crear no sólo una gran montaña de residuos como las tiene Iberpotash en el Llobregat, o la tiene todavía Potasas de Navarra en la Sierra del Perdón, pese a haber finalizado la explotación hace más de 25 años, sino que además terminará por regalar la sal, convirtiendo “el valor añadido” del millón de toneladas de sal que se iban a comercializar, más bien en otro problema sin resolver.

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Minas geoalcali y gobierno del cambio

Fuente: “Ahotsa.info”
Autor: Enrique Miranda, “Arquitecto urbanista”

El Gobierno de Navarra ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente un nuevo Informe sobre el proyecto Mina Muga que Geoalcali esta tramitando en Sangüesa, Javier y Undues de Lerda. En dicho Informe se dicen varias cosas y se omiten otras, que son preocupantes y que paso a comentar.

En primer lugar, nada dice el Informe para exigir que Geoalcali aclare contundentemente cual es el proyecto que pretende hacer. Por un lado está tramitando la Evaluación Ambiental de un proyecto de Mina a 20 años, con sus beneficios y sus afecciones negativas.

Por otro lado, ha hecho un llamado Plan de participación a solicitud del Gobierno, pero lo ha hecho sobre una Mina a 47 años, con 800 puestos de trabajo directos y 3.500 indirectos, cuyas afecciones negativas nadie conoce, pues no existe proyecto sobre ella. El Informe del Gobierno no cuestiona este plan de participación por lo que parece que lo da por bueno.

Además, según noticias de prensa, algunos alcaldes de la zona están encantados con esa Mina de 47 años y 800 puestos de trabajo cuyo proyecto no existe. Aquí surge la primera pregunta ¿Por qué el Informe del Gobierno no exige a Geoalcali que renuncie a la tramitación de la Mina a 20 años y tramite el proyecto de la Mina de 47 años, que es la dice que quiere hacer? Así la ciudadanía y las Administraciones podremos evaluar los pros y los contras con objetividad por encima de actos de propaganda.

Y si no es así ¿por qué el Gobierno no exige a Geoalcali que deje de hacer propaganda con un proyecto de Mina que no existe? Y también, ¿Por qué el Gobierno no organiza unas jornadas de debate en Sangüesa, con participación de la empresa, grupos sociales, plataforma opositora, ayuntamientos y el propio Gobierno y salimos de dudas? La legislación medioambiental se lo permite.

En segundo lugar, el Informe confirma que Geoalcali no dice la verdad cuando informa a los Ayuntamientos de la zona y que por tanto no existe una verdadera participación en el proyecto, ni siquiera de los ayuntamientos informados erróneamente. Como muestra un botón: los riesgos para el Castillo de Javier y de pasada para todo el pueblo.

Geoalcali le dijo al Ayuntamiento que no habría galerías bajo Javier. Pues resulta que el Informe del Gobierno dice que, como no son convincentes las explicaciones de Geoalcali sobre las repercusiones de la explotación al Castillo de Javier, “debe establecerse un área de exclusión del ámbito de explotación que coincida con los límites del entorno de este Bien de Interés Cultural”. O sea que Sí están previstas galerías bajo Javier. Curiosamente el Informe no dice nada sobre la protección del pueblo y de sus futuros desarrollos. ¿Tal vez al Gobierno le importa el Castillo pero no las casas y los vecinos de Javier?

En tercer lugar, el Informe dice que el proyecto debe cumplir con lo previsto para la implantación de industrias en el suelo no urbanizable, en el suelo rústico, para entendernos.

Esto es muy alarmante, pues quiere decir que el Gobierno piensa tramitar, como si fuera una pequeña serrería o un secadero de bacalao, este macroproyecto Mina Muga, que abarca, de mina 8,5 km de largo por 3,5 km de ancho, más 230 hectáreas de fábrica, 30 hectáreas de bocaminas, 2 km de cinta transportadora, varios km de caminos, líneas eléctricas, etc. Solo la fábrica es tres veces el tamaño de Sangüesa y la mina vez y media el término municipal de Pamplona.

La Consejera Elizalde dijo en el Parlamento que no estaba claro cómo tramitar la licencia de actividad de la Mina. ¿Parece que ya tienen claro tramitarlo como si fuera una serrería, que puede acortar trámites y favorecer a Geoalcali y de paso dificultar la participación ciudadana?

Sin embargo la Ley Foral del Suelo dice lo contrario. Dice que cuando un proyecto afecta a más de un municipio y tiene repercusión territorial comarcal, debe tramitarse un Proyecto de ordenación territorial que analice y prevea soluciones a las repercusiones territoriales, sociales, económicas y medioambientales en todo el territorio de influencia, con verdadera participación de la ciudadanía.

Este proyecto Mina Muga, según dijo en una reunión en Sangüesa el Sr. Ayerdi, afectaría a toda la comarca. Además ocupa territorio de tres municipios, Javier, Sangüesa y Undues de Lerda (Zaragoza).

Por tanto debe tramitarse una figura de Ordenación del Territorio acorde con las afecciones del proyecto, de forma transparente, con verdadera participación ciudadana. ¿Si para la cantera de Zilbeti, infinitamente más pequeña y sin fábrica, se hizo un PSIS, la Mina Muga puede tramitarse como una serrería? Evidentemente No.

Además debe tramitarse una modificación puntual del Plan de Ordenación Territorial (POT-4) de modo que se analicen las repercusiones y las necesidades comarcales que se derivarían del proyecto Mina Muga, cesiones de suelo, dotaciones, aprovechamientos, etc. que debe hacer Geoalcali y las necesidades futuras de vivienda, educación, salud, etc. para las personas trabajadoras y sus familias que migrarían para trabajar en la Mina.

Esta pequeña muestra de cosas preocupantes confirma que el Informe del Gobierno es insuficiente y no esta a la altura de un Gobierno del Cambio.

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Podemos y CHA alertan de maniobras de la empresa Geoalcali asumiendo pagos irregulares

Fuente: El Periódico de Aragón

Chunta Aragonesista y Podemos Cinco Villas han alertado hoy de “maniobras” de la empresa Geoalcali que promueve la Mina Muga de potasa al asumir costes de servicios que corresponderían a las administraciones.

Chunta Aragonesista y Podemos Cinco Villas han alertado hoy de “maniobras” de la empresa Geoalcali que promueve la Mina Muga de potasa al asumir costes de servicios que corresponderían a las administraciones.

En una nota de prensa, el concejal de CHA de Undués de Lerda Fermín Riezu denuncia que a través de su Fundación, la empresa “quiere presentarse ante el MAGRAMA como la empresa imprescindible para desarrollar la zona, cuando en realidad se están poniendo una gran piel de cordero con la que camuflar el peligro de muerte al que van a someter a la población al explotar una mina de potasa que afectará a la ladera del pantano de Yesa”.

Según CHA, en Undués de Lerda, el municipio zaragozano de las Altas Cinco Villas en donde está previsto que se abra la bocamina, la Fundación Geoalcali está pagando, entre otras cosas, la furgoneta escolar para trasladar alumnado al instituto de Sangüesa, transporte que, afirma dicho partido, tiene que costearse con el IBI del pantano de Yesa.

CHA asegura que también ha pagado un filtro para el depósito de agua de boca, con cerca de 23.000 euros; las fiestas patronales; tres máquinas expendedoras, una de café, otra de refrescos y otra de tabaco, así como las fundas de los colchones para el Albergue de Peregrinos.

En Urriés, continúa CHA, han firmado un convenio para rehabilitar el hogar social del pueblo por valor de 16.682 euros y en la Mancomunidad de las Altas Cinco Villas, la Fundación Geoalcali ha colaborado para pagar las inversiones en nuevas tecnologías para la comarca.

En Castiliscar han financiado la ruta turística que une Sos del Rey Católico con Uncastillo e impulsarán el Museo dedicado a la Orden de San Juan de Jerusalén mientras que en Sos del Rey Católico han colaborado con las fiestas patronales, jornadas fernandinas y Jornadas Medievales, además de pagar la “babyteca”, denuncia el partido.

Por su parte, la Asamblea del Círculo Podemos Cinco Villas ha expresado su rechazo la Mina Muga por considerarlo un proyecto “muy turbio, repleto de irregularidades y opacidad desde su comienzo, que supone, además, un impacto medioambiental irreversible y condena el futuro de la gente que vive en esa zona”.

El secretario general de Podemos Ejea, Sergio Pons, también ha acusado a la empresa de tratar de “seducir a la población de los pueblos afectados a través de promesas y maniobras de naturaleza clientelar” y de “compra de voluntades” a través de la Fundación homónima en distintos ayuntamientos de Navarra (Liédena, Gabarderal, Javier y Sangüesa) y de Aragón (Undués de Lerda, Los Pintanos, Urriés y Sos del Rey Católico) así como la Mancomunidad de Cinco Villas.

Podemos ha coincidido con las acusaciones de CHA de que la Fundación está “prometiendo” prestar servicios que corresponde garantizar a las instituciones públicas, así como que está “financiando y patrocinando proyectos con el único objetivo de obtener el beneplácito de los vecinos y la aprobación de los alcaldes de la zona para no encontrar oposición en el desarrollo del proyecto de la Mina de Potasa Muga”.

Esta organización recuerdan que los informes cuentan con ciertas irregularidades y que “todo apunta a que se trata de una operación de especulación financiera si finalmente el Ministerio da el visto bueno al proyecto”, al tiempo que critica la “complicidad” del PSOE y la “permisividad” del Gobierno de Javier Lambán respecto “a un tema tan serio que puede tener consecuencias desastrosas para la Comarca de Cinco Villas”.

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Los directivos de Geoalcali continúan abandonando el barco

Hasta tres caras visibles de la empresa que pretende explotar la mina de potasa junto a Yesa, han vendido sus acciones en la matriz Highfield Resources obteniendo millones de euros de beneficios.

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Imagen de la superficie que abarca el proyecto minero Muga. En amarillo la planta en superficie, en rojo la explotación subterránea.

La publicación de las cuentas anuales de Highfield Resources Limited pone de manifiesto que la fuga de directivos y promotores de su filial Geoalcali, que pretende explotar las minas de potasa en territorio aragonés y navarro, no se limita a la ya anunciada del que fuera Director de Desarrollo y cara visible del proyecto, Pedro Rodríguez.

Como ya explicábamos en un artículo anterior, en un primer momento Geoalcali perteneció a Geoxtrex Gestión Minera S.L., sin embargo, el 10 de agosto de 2012, Geoalcali pasa a manos de KCL Resources Limited, una sociedad australiana que, posteriormente, sería adquirida por Highfield Resources, el 12 de octubre de 2012, por un total de 150.000.000 acciones para los directivos de KCL, que en gran medida son los mismos que dirigen Highfield Resources.

Estos 150 millones de acciones se dividían de la siguiente forma:

Accionariado en 2015

Los miembros fuertes de Geoalcali tenían un alto porcentaje de las acciones de la matriz Australiana, algo bastante lógico ya que eran los principales valedores del proyecto y mostraban su confianza siendo principales accionistas, así mismo lo reflejaban las cuentas anuales de 2015 de la propia Highfield, en su página 72.

En ellas se mostraban la importante cantidad de acciones que tenían los principales responsables de Geoalcali. Pedro Rodríguez tenía un montante de 7.521.504 acciones, Raúl Hidalgo Fernández tenía 8.410.962 acciones y José Manuel Prada Fernández tenía 8.396.504 acciones.

Marcha de Pedro Rodríguez y Anthony Hall

En los 3 últimos meses el desconcierto y los cambios han sido constantes en la cúpula de Highfield Resources.

El pasado mes de marzo se producía un hecho relevante en el accionariado de Highfield Resources, Pedro Rodríguez uno de los principales representantes del proyecto en el Estado español sorprendía al mercado vendiendo la totalidad de las acciones que tenía en posesión. Unos meses después se conocía que junto a Anthony Hall abandonaban el consejo de administración de la propia Highfield Resources.

Acciones de Tipo B

Las acciones tipo B son los 50.000.000 de acciones que estaban destinadas a ser cotizadas y pasar a manos de los directivos que vendieron Geoalcali bajo la condición de que se antes del 18 de octubre de 2017 se tuvieran todos los permisos vigentes y se alcanzara una producción de 500.000 toneladas/año en las minas abiertas en el Estado español, de las que a día de hoy, ni siquiera Mina Muga, el más avanzado de los proyectos, tiene los permisos, encontrándose en fase de resolución del Estudio de Impacto Ambiental.

Ante el retraso en los permisos, por las diferentes deficiencias encontradas, y dada la complejidad del proyecto, Highfield Resources decidió ser aconsejada por unos expertos australianos y tras recibir asesoramiento y por decisión del consejo de administración el pasado 28 de septiembre  se anunciaba que la empresa iba a reducir las reservas en 11.500.000 de dólares australianos.

¿Por qué la reducción? Las reservas son como un remanente, un colchón que tienen las empresas para hacer frentes a determinadas situaciones, en este caso el tener que compensar a determinadas personas con 50.000.000 de acciones supondría un gasto para Highfield Resources.

La empresa reconoce en el propio documento que es casi improbable alcanzar el objetivo fijado para tener que abordar ese pago de 50.000.000 de acciones por lo tanto disminuyen sus reservas en 11.500.000 de dólares australianos que es el coste que estimaba que podría suponer este asunto.

Imaginen el dinero perdido por esas personas que esperaban obtener 50.000.000 de acciones de forma casi gratuita y que luego podrían vender en bolsa a un precio muy superior.

Accionariado en 2016

El pasado 30 de septiembre la propia Highfield Resources presentaba a través de los órganos oficiales de la bolsa australiana sus cuentas anuales 2016, en la página 98 de estas cuentas uno puede comprobar el estado actual del accionariado de la matriz australiana, donde llama la atención que ilustres nombres, que pueden ser identificados como la cara visible de los proyectos mineros en Nafarroa y Aragón, no estén entre los accionistas de Highfield Resources.

En ese sentido, Raúl Hidalgo desaparece del accionariado, recuerden que justo hace un año tenía 8.410.962 acciones, José Manuel Prada Fernández también desaparece con 8.396.504 de acciones, y Pedro Rodríguez desaparece del accionariado, recuerden que tenía 7.521.504 acciones.

Para más detalle y por si alguien sigue leyendo las cuentas anuales en la página 100 podrá encontrar las acciones tipo B antes citadas, pero recuerden lo que comentaba unas líneas más arriba la propia Highfield Resources reduce sus reservas ante la imposibilidad del alcanzar los objetivos para la conversión de estas mismas.

Conviene entender esto ya que sino alguno podría pensarse que los principales cabezas del proyecto en el Estado español siguen perteneciendo al accionariado, pero hay que recordar que estas acciones tipo B todavía no han sido emitidas y no parece que lo vayan a ser, por lo tanto no pueden ser vendidas ya que no las tienen en posesión.

¿Desbandada en Geoalcali?

Resulta curioso que tras las venta de las acciones por parte del Director de Desarrollo de Geoalcali, unos meses después se produjera la marcha del consejo de administración tanto por su parte como por Anthony Hall, dos de los principales representantes del proyecto en el Estado español, sin embargo, una vez conocidos los datos del accionariado las conclusiones que se pueden empezar a sacar parecen bastante claras.

Los principales representantes del proyecto han vendido todas sus acciones de Highfield Resources, por los precios en los que se ha movido el mercado, siempre con valores superiores a un dólar australiano (0,69 euros a 30 de octubre), las plusvalías han tenido que ser cuantiosas, tal y como desglosábamos podría haber sido la venta de Pedro.

A unos meses vista de obtener todos los permisos según anuncia la empresa a bombo y platillo de forma constante, conocer que los propios directivos de Geoalcali están abandonando el barco por la parte trasera, y con los bolsillos llenos, llama la atención. ¿Acaso ya no confían en el proyecto? ¿Piensan que no van a obtener los permisos oportunos? O quizás tan solo les importaba obtener unos jugosos beneficios en el mercado bursátil gracias a la especulación con los permisos mineros y realmente la explotación en sí era lo menos importante.

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Desinformación por sistema: la potasa de las Altas Cinco Villas y la Navarra media

Las promesas de puestos de trabajo no son nada más que el narcótico perfecto para acallar la oposición a la mina y que cualquier duda sobre el proyecto sea rápidamente tildada de antiprogreso o antisocial.

Fuente: Revista “Rojo y Negro”, Nº 304 (Septiembre 2016). Pag. 16-17
Autores: Óscar Pueyo, Diego Ruiz y Antonio Casas.

Varios miembros de la Plataforma Unitaria en Contra de las Minas de Potasa han publicado este mes de septiembre un artículo en el Nº304 de la Revista “Rojo y Negro”, que salía a la luz hace unos días.

Dicho artículo hace referencia a la falta de información, en la sociedad en general, en relación a las Minas de Potasa de la Bal d´Onsella y la Sierra del Perdón, a la estrategia que pretende seguir la empresa Geolcali S.L para abrir las minas, y a los peligros y debilidades que conlleva la construcción de este macro-proyecto. A su vez, no hay que olvidar tampoco otros problemas geográficos, sociales y medioambientales que puede acarrear, tales como la salinización de las aguas del valle del Aragón y del Ebro, las afecciones agrícolas de las Cinco Villas, o al canal de Bardenas, y que con ello representará sin duda el peor activo para el desarrollo sostenible de la zona.

Para leer el artículo íntegro, acceder directamente a las páginas 16 y 17 del Nº304 de “Rojo y Negro” pinchando aquí

Y también puedes visitar la publicación completa del Nº304 de “Rojo y Negro” pinchando aquí

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¿Qué es ese revuelo de tramitaciones paralelas de partes sustantivas de Mina Muga en los boletines de Navarra, Aragón y del Estado de los últimos meses?

Fuente: Plataforma unitaria en contra de las Minas de Potasa

Hace unas semanas, Juan del Barrio, miembro del Consejo Navarro de Medio Ambiente, publicaba un artículo en el que describía como se había hurtado a la ciudadanía navarra la participación efectiva en la tramitación de Mina Muga. Como Juan del Barrio indicaba, si la tramitación se hubiera realizado únicamente en Navarra el órgano consultivo hubiera organizado charlas, debates y una evaluación pública del proyecto, algo similar podría haber ocurrido en su organismo homólogo en Aragón, el Consejo de Protección de la Naturaleza. Sin embargo, ambos órganos garantes de la participación, no pudieron dar su opinión, valoración, evaluación o recomendaciones…

El informe pagado por la empresa y realizado por Dédalo Projects, no quiso entrar en evaluar qué grado de conocimiento se tenía sobre el proyecto antes de preguntar qué opinión tenían del mismo, al menos así reza su documento público y así se nos hizo saber a los asistentes en las reuniones de publicidad realizadas por dicha empresa en Sos o Sangüesa. Sin embargo, tras haber conversado con algunos de los entrevistados a pie de calle, resulta que la primera pregunta tenía que ver con esto, qué conocimiento se tiene de la mina y cómo se habían enterado de dicha información (ninguna de estas preguntas aparece en la memoria final de Dédalos). Con independencia de estos problemas menores que son obvios para cualquiera que quiera conocer un poco lo que es la participación pública y la democracia informada, dicho informe no hace sino confirmar lo evidente y obvio para cualquiera, que la tramitación se está realizando a puerta cerrada, sin información ni participación y con tretas y argucias, que algunos de nosotros, ya hemos denunciado como planes fantasma que nada tienen que ver con el expediente administrativo (confirmado recientemente por el propio Gobierno de Navarra). Sin embargo, estamos asistiendo a la vulneración sistemática de la participación pública ciudadana en las tramitaciones realizadas desde diciembre pasado, primero de una galería de investigación, entonces interpretada por muchos como el intento de la apertura encubierta de la mina sin los permisos preceptivos de los organismos ambiental y de minas, o la tramitación sistemática de partes consustanciales del proyecto sin la preceptiva información ambiental de las mismas.

Aunque algunos quieren ver en la evaluación ambiental, lo…. “verde” como Santos Cerdán definía la evaluación ambiental en la comparecencia de la Plataforma en el Parlamento de Navarra, nuestro ordenamiento va más allá. Entiende la coexistencia con nuestro entorno y la defensa de nosotros mismos, defendiendo el medio – ambiente- en el que vivimos. En esta evaluación ambiental, que aunque aún más cercenada desde la modificación de nuestro ordenamiento en 2013, se definen los aspectos favorables y los impactos para que, ante cualquier tipo de actividad, se genere aquella alternativa más sustentable (incluyendo explícitamente la alternativa 0). Usamos el término sustentable, por su incoherencia en la traducción al castellano como sostenible, como también Jordi Badía o Olivia Krueger calificaban “Minería sostenible como una expresión de intrínseca falsedad” o como “oxímoron retórico”.

La documentación sometida a información pública durante el verano de 2015, ha sido y es, la única información ambiental pública y accesible para la ciudadanía y donde los afectados e interesados han podido mostrar su opinión o denunciar impactos o errores en la evaluación del proyecto planteado por Geoalcali. Desde entonces, aunque nos vayamos enterando de rebote, hemos visto como la nueva bocamina se vestía de galería de investigación en un intento de sustraer a la ciudadanía el conocimiento del proyecto y los impactos asociados (Geoalcali ya no oculta que su galería de investigación es la nueva bocamina). En aquel momento, una construcción que implicaba la generación de una galería de más de 70.000 m3 de excavación, era tramitada como mera tarea de investigación como lo es una cata o una toma de muestras superficial. Esta historia no está resuelta todavía, ni de forma favorable ni desfavorable, duerme el sueño de los justos en algún cajón olvidado en la administración en Aragón, pero es evidente que de realizarse debería seguir los propios cauces de una actividad minera como es, y por tanto estar sometida a evaluación ambiental ordinaria; o en su caso, así esperado, que se realizara su evaluación dentro del proyecto Mina Muga, se incorpore dicha nueva bocamina y se realice la correspondiente información pública de todo el proyecto con las interacciones que tiene con el resto de los impactos asociados a la propia mina. Porque, si nos hemos de preguntar, ¿no es consustancial a una mina la entrada a la misma?

Otro caso, como el anterior, se está urdiendo con la tramitación de las líneas eléctricas y otro tipo de actuaciones que tienen que ver con la tramitación energética de la zona. En el proyecto original, existían líneas eléctricas y también alternativas para ser evaluadas. Sin resolución sobre las mismas, Geoalcali se ha permitido elegir entre sus alternativas y modificarlas según intereses particulares. El problema fundamental no es éste, lo llamativo es realizar una tramitación paralela en otra administración indicando que la exposición pública en materia ambiental ya se realizó el pasado año durante la exposición general del proyecto.

La empresa podrá decir que sus líneas estaban en el proyecto, y de por si se llamaban igual, pero primero une puntos desconocidos mientras no exista permiso de cómo terminará siendo la mina, las instalaciones industriales o si realmente habrá mina (¿qué sentido tiene tramitar algo de origen, destino y desarrollo desconocido?) y segundo, hurta a la ciudadanía la posibilidad de informarse cuando llamándose igual se tramita de forma diferente en origen, destino, recorrido y características de lo informado previamente. El ejemplo más claro son las tramitaciones de la nueva boca mina, previamente galería de investigación y ausente en el expediente informado ambientalmente el pasado año, en el que no sólo ha cambiado la bocamina, sino que también han cambiado, obviamente, las líneas eléctricas que la dotan de energía. La subestación eléctrica podrá seguir llamándose Santa Eufemia, como lo hacía en el proyecto original, pero se encuentra ahora en un lugar diferente que incluso deja sin sentido su propio nombre, antes estaba en Santa Eufemia, ahora está en otro lugar que nadie llamaría así.

Para muestra, como suelen decir, un botón, incluimos un gráfico con la localización de la bocamina en el proyecto original, y la posición actual, y por tanto el cambio asociado de las líneas eléctricas. Hace unas semanas, en este mismo blog, indicábamos en una entrada que evaluaran ustedes las más de 70 diferencias entre el proyecto original informado públicamente y el que ahora conocemos por trámites diferentes a la exposición pública ambiental, pero si querían más pistas, en el siguiente gráfico están los cambios principales de la tramitación realizada estos últimos días, y que recordando las sospechas de Eduardo Santos de hace unas semanas, se ha realizado con agosticidad y alevosía.

Volviendo al título de esta entrada, sobre a qué se debe el revuelo de las tramitaciones paralelas en administraciones distintas de proyectos diferentes y sin haberse informado públicamente, la contestación es una incógnita, pero lo que está claro es que es una treta bien definida para seguir hurtando a la ciudadanía de Navarra y Aragón la posibilidad de participar activamente en el devenir del futuro de sus territorios. Recordando las palabras del vicepresidente Ayerdi que exigía a Geoalcali realizar una tramitación impecable, con pulcritud y desde una perspectiva ambiental y social, parece que en este tema no se están cumpliendo las mínimas exigencias de intentar hacer las cosas bien, o que al menos, lo parezcan.

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Comparativa entre la localización de la bocamina y subestación eléctrica de Santa Eufemia en Santa Eufemia, y nueva localización con el mismo nombre de la nueva bocamina (galería de investigación) y subestación eléctrica asociada. Gráficos obtenidos de la documentación sometida a exposición pública del Proyecto Mina Muga y de la tramitación de la subestación eléctrica de Agosto de 2016 (Expediente A.T. 047/2016).

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“Mina Muga sólo avanzará si se comienzan a hacer bien las cosas”

Fuente: Plataforma unitaria en contra de las Minas de Potasa

El pasado día 7 de agosto, Noticias de Navarra publicaba una entrevista al Vicepresidente del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi. Dicho artículo trataba sobre la situación económica de Navarra, “La actividad económica funciona, Navarra sigue existiendo y el fin del mundo no ha llegado”.

En dicha entrevista, se le pregunta sobre Mina Muga, os extractamos la contestación del vicepresidente y consejero económico del Gobierno de Navarra:

“Es un proyecto especial por su dimensión. He tenido ocasión de decirles a los promotores que queremos que las cosas se hagan de forma impecable. Nos parece un proyecto positivo, que apunta a generación de empleo estable y de riqueza en la zona. A partir de ahí, el proyecto debe ser estudiado con pulcritud desde una perspectiva medioambiental y de participación social. Vamos a velar por que toda la tramitación se haga de forma impecable, con rigor y sin prisas. Que las cosas avancen sólo si se hacen bien. Geoalcali tiene la oportunidad de demostrar que puede hacer en Navarra una mina del siglo XXI, un proyecto que sirva para enseñar.”

De dicha declaración, y valorando que la Mina según la empresa ya se habría abierto el pasado mes de mayo, parece que Geoalcali no debe estar haciendo bien las cosas cuando vencidos los plazos para haber emitido una Declaración de Impacto, se les siga exigiendo evaluar aspectos medioambientales, de participación ciudadana o que realice, casi a modo de amenaza velada, que las cosas sólo avanzarán si se hacen bien” ¿acaso no lo estaban haciendo bien?. Desde la plataforma llevamos casi un año denunciando el bajo rigor de los estudios técnicos y nos alegramos que no sólo nosotros, sino que también la administración, deje de lado las promesas vacías y comience a evaluar de forma rigurosa y con pulcritud todos los informes técnicos de la empresa.

 

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