Defendemos el cumplimiento estricto de la ley, como si existiera otra alternativa…

Artículo elaborado por: Óscar Pueyo Anchuela, miembro del Grupo de Investigación Geotransfer, de la Universidad de Zaragoza.

En los pasados días, la Plataforma en Contra de las Minas de Potasas de la Bal d´Onsella y la Sierra del Perdón, aglutinaba un listado de adhesiones para motivar la realización de un proceso de información y participación pública efectivo, no sólo en relación a Mina Muga, sino a lo que se plantea que podría llegar a ser la mayor concentración de explotaciones mineras de toda Europa. En dicho documento se instaba a la convocatoria de un proyecto de participación, en la que nuestra sociedad, ya mayor de edad, con un bagaje de 40 años de democracia y de 20 años de normativa ambiental (usando como referencia el RD 1302/1986 de “evaluación de impacto ambiental”) atesora.

Estamos acostumbrados a escuchar sobre las bondades de nuestro articulado normativo y legislativo con frases tan contundentes, rimbombantes y sin ningún fundamento, de que contamos con una de las leyes ambientales más restrictivas de Europa, que estamos protegidos por un sistema muy garantista y que nada malo puede ocurrir si se deciden aplicar las mejores normativas, metodologías y análisis disponibles.

¿Qué es una ley garantista o qué es una ley restrictiva? La verdad es que la respuesta no es sencilla, más incluso cuando garantista no está en el diccionario de la RAE. Podemos intuir qué es un sistema ademocrático o antidemocrático, podemos sospechar lo que puede suponer una ley protectora de los intereses económicos frente a los sociales, pero garantista, como tal, si es por garantir será dar garantía, ¿pero a quién? Si es garantista para la industria extractiva posiblemente las normativas del Congo, Senegal o Costa Rica sean muy garantistas, como también lo fueron las explotaciones mineras del Antiguo Imperio Español en los Virreinatos de Nueva España, Nueva Granada, del Perú o del Mar de la Plata.

¿A quién puede beneficiar elevar nuestra legislación a un status casi divino? A aquel que necesita justificar que, por ejemplo, cumpliendo estrictamente la norma no se le requiere de más esfuerzos para hacer las cosas mejor porque el cumplimiento de la ley “garantiza los derechos sobre acceso a la información y participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, tal y como recomienda el Convenio de Aarhus, de la que España es un país firmante”.

La empresa Geoalcali casi en paralelo a la presentación de la solicitud de un plan de participación efectivo por parte de la Plataforma, publicitó rápidamente el argumentario para evitar dudas en aquellos que pudieran entender que invitar a la ciudadanía a leerse 6.000 páginas en 30 días y presentar alegaciones técnicas, podría ser un proceso que no permite una participación pública efectiva.

Las leyes están para cambiarlas, en cada momento articulamos nuestra sociedad con una serie de normas de convivencia, respeto y desarrollo social común, que satisfacen a cada momento y a cada estado anímico social. No son cosas para nunca más cambiar, sino que son vehículos para armonizar una sociedad que sea respetuosa, aunque no lo parezca, consigo misma. En ocasiones, el tiempo da la razón y las leyes, a rebufo, terminan articulando lo que socialmente se demanda o se conoce. Posiblemente hace unos años, la misma normativa ambiental de la que hablamos era protectora con los conocimientos que teníamos, pero quizás ahora no; o quizás en el espíritu y principios éticos que incorpora la ley sí se permiten otro tipo de procedimientos que respondan a la movilización social y ciudadana a la que sirven.

El acuerdo de Aarhus como referencia en este caso, es uno más de esos acuerdos internacionales con buenas palabras y pocos hechos. Y sin ser experto en leyes, cada uno podrá evaluar qué significa el derecho al acceso a la información. En parte es cierto, cualquier particular pudo acercarse a, por ejemplo, el ayuntamiento de Undués durante el mes de agosto a consultar en un ordenador físico dentro del mismo, las 6000 páginas en horario de oficina del día que a mí me venga bien…

Se cumplen los principios porque se suministra la información al público, pero ¿es efectiva su participación? El acuerdo de Aarhus tiene tres consideraciones, acceso a la información, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia. El acceso quizás esté garantizado, la participación en la toma de decisiones estará articulada por la representatividad de nuestros votos cada 4 años, supongo, pero para poder informarse, bien habrá que ser capaz de entender lo que dice la documentación informada. En la sociedad del siglo XXI todos somos capaces de leernos un listín telefónico, no tengo tan claro que seamos capaces de ver patrones, números que faltan o ausencias manifiestas, quizás sí, pero no se puede atentar contra el sentido común diciendo que el documento ahí ha estado. Hace unos meses el mejor ejemplo de garantías de nuestras instituciones se denunció públicamente, cuando un afectado por las instalaciones mineras se acercó a su ayuntamiento en búsqueda de amparo, recibió toda la tranquilidad de una administración coherente, respetuosa y del mejor cumplimiento de la normativa, meses después cuando vio que las cosas seguían adelante, volvió de nuevo a su ayuntamiento para recibir la contestación de que lamentablemente su opción de alegar y participar se había extinguido y que debería haber alegado cuando vino la vez anterior, ¿acaso es ésta la representatividad y participación que todos esperamos de nuestros representantes elegidos?

Algunos, quizás porque hemos vivido con especial emoción el revulsivo social de volver a exigir ser dueños de nuestros destinos, y donde la ciudadanía reclama la participación hurtada, nos alegramos cuando alguien solicita más información para la toma de decisiones de forma responsable y ser dueño de su destino. Es decir, exigir lo que le corresponde como ciudadano y miembro de esta sociedad del siglo XXI. Aquellos que continúan invocando procesos participativos trasnochados y que invocan la toma de decisiones en despachos de altas plantas de rascacielos o en oficinas de postín en puestos céntricos de nuestras ciudades, deberían aprender que las cosas se solucionan informando a la ciudadanía y con contratos sociales, y no con subvenciones a los medios de comunicación, los ayuntamientos y asociaciones sociales, para vender una marca diferente a la que viene definida por su praxis en sus estudios técnicos, que posiblemente pensaban, nadie iba a terminar leyendo…

Pero aún así, para que a nadie le quede ninguna duda sobre lo garantista de nuestra legislación, pueden ustedes consultar los boletines oficiales para intentar encontrar alguna Declaración de Impacto Ambiental Negativa de una explotación minera, parece ser que todos hacemos las cosas perfectamente, porque todo es favorable, pero sólo por estadística, ¿una administración responsable no debería encontrar, alguna vez por simple error o casualidad, alguna declaración que no sea coherente tal como se presentó y requiera de un estudio en mayor profundidad? Al menos, parece que no, que además de tener una normativa casi perfecta, tenemos también solicitudes siempre coherentes y donde todo se puede hacer se plantee como se plantee.

Pincha aquí para acceder al “Convenio de Aarhus”.

 

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s